Relación entre educación, pobreza y exclusión

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Alocución de Pablo Micheli, Secretario General de la CTA, en el "X Congreso Nacional sobre valores, pensamiento crítico y tejido social. Imperativos del tercer siglo como Nación: Desarrollo integral, inclusión social y cultura del encuentro", organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes y que se desarrolló en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA) 23 de septiembre de 2011

En primer término, es necesario asumir que, sea cual sea el lugar en el que cada uno se ubique en las distintas ideologías, el estado en que el mundo se encuentra es terriblemente desolador, y necesita de acciones concretas y contundentes.

Me refiero, obviamente, al irracional desarrollo que el sistema capitalista ha alcanzado. En ese sentido, es imposible efectuar cualquier tipo de análisis sin tener en cuenta la crisis económica en la que se encuentra inmerso el capitalismo mundial.

Concretamente, es casi ilusorio sostener, como se hace desde los países centrales -donde se originó y se desarrolla principalmente la crisis-, la supervivencia del sistema capitalista en su fase actual.

En efecto, no existe desarrollo posible del capitalismo en el marco de una crisis económica de tal magnitud, teniendo en cuenta además que a diferencia de épocas anteriores, el sistema se encuentra totalmente desregulado –fruto de la política exacerbada del libre mercado, el neoliberalismo-, en el cual conviven mercados paralelos sin ningún tipo de intervención estatal. Ello hace más probable la acentuación de la crisis que su solución.

A eso debe sumársele la indiscriminada –y también desregulada- explotación de los recursos naturales y estratégicos del planeta. En este sentido, la afectación de superficie de la tierra destinada a la producción de alimentos para la producción de biocombustible o la simple especulación, atenta contra la alimentación de la humanidad, encareciendo el precio de los alimentos.

Por último, no escapa a la percepción de nadie que dicha depredación y la propia crisis hasta impulsan salidas bélicas, aventuras que tienen la doble finalidad de fugar hacia delante sin resolver la crisis económica y la de acaparar las reservas de gas y petróleo por parte de Estados Unidos de Norteamérica y algunas potencias europeas.

En ese marco, la educación como posibilidad de salida de la pobreza es un elemento esencial, pero inescindible, obviamente, de políticas generales, políticas de Estado.

Porque la educación está ligada al trabajo, y en proceso de recesión y crisis mundial, lo que impera es la desocupación y el trabajo precario.

Justamente en la definición de Salario Mínimo Vital y Móvil, está éste que debe alcanzar para que el trabajador pueda garantizar la “educación de sus hijos” (“salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, art. 116 Ley de Contrato de Trabajo).

Así, por un lado, la educación de los hijos la garantiza el salario del padre, y el posterior empleo del hijo está ligado al grado de educación que haya alcanzado.

Por eso, no sólo sin educación no se erradica la pobreza, sino que con pobreza, es decir, sin salarios dignos, no se accede a la educación. Esto coloca al salario en el centro del debate, y me refiero a salarios dignos, obviamente, pero no sólo al salario individualmente considerado, sino a la política general de ingresos y salarios que impulsen los gobiernos.

Ahora bien, incluso en países con largos años de crecimiento económico como el nuestro, se plantea una política salarial cuyo horizonte –en el mejor de los casos- es superar la denominada línea de pobreza. Pero como vimos, el concepto de salario vital excede lo que pudiera considerarse la “pobreza”, ya que incluye otras variables que implican una vida digna, como en el caso que estamos tratando aquí, la educación.

El mundo de los años 30 se planteó salir de la crisis con salarios dignos, así lo planteó Roosvelt en EEUU, Perón en Argentina. Ello redundaba en mayor consumo, mayor producción, pleno empleo, más educación y formación profesional para acceder a mejores empleos.

El mundo del Siglo XXI se plantea simplemente la meta de superar el hambre, o la pobreza, pero no la vida digna de sus habitantes.

En ese sentido, los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI, pero también las Naciones Unidas, a pesar de la evidencia de los efectos devastadores que generaron las políticas neoliberales que ellos mismos promovieron las décadas pasadas, no asumieron sus responsabilidades. Sólo se atrevieron, tibiamente, en los inicios del 2000, a promulgar cambios en las políticas públicas, para tender a la inclusión y a la “reducción” de la pobreza.

En esa línea surgieron propuestas como las de las “Metas del Milenio”, el “Pacto Mundial por el Empleo” y otras herramientas discursivas, tendientes a conseguir una lavada de cara a sus propósitos y seguir gestionando la desigualdad en la distribución mundial de los beneficios del proceso económico. En esas metas se propone, por ejemplo, no erradicar la pobreza, sino “reducir a la mitad” la pobreza extrema, tomando a aquellos que reciban menos de U$S 1 por día o que “padezcan hambre”. Paralelamente que se propone reducir a la mitad la pobreza, como un gran desafío, lo paradójico es que también se propone lograr el “empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes”.

Eso evidencia que se concibe que se puede tener trabajo y ser pobre, por lo que, en estos términos, podemos promover el empleo sin con ello afectar los niveles de pobreza.

Desde la perspectiva de los trabajadores, que el empleo siga estando asociado a la pobreza es algo inaceptable, y sobretodo desde el punto de vista, como ya mencionamos, del acceso a la educación. El trabajo digno y respetando las leyes laborales (producto, en gran parte, de la lucha del movimiento obrero), y en el marco de un proyecto de desarrollo integral de nuestros países, que respete los derechos de sus trabajadores y la soberanía de sus recursos naturales, deben seguir siendo la principal herramienta de inclusión social.

Por eso es importante denunciar la falacia de que tener un empleo es simplemente tener un ingreso, cualquiera sea el nivel de ese ingreso y las condiciones en las que ese empleo se realiza.

Veamos por partes esta falacia: tener un ingreso no es lo mismo a tener un empleo: Esto ha quedado instalado como forma de medir y describir a la población, ante la necesidad de saber rápidamente la situación socioeconómica de las personas, pero es altamente insuficiente. Desde los años 90 la pobreza empieza a ser medida “por ingresos”, es decir, con la ya famosa Línea de Pobreza (LP).

Recordemos que esta forma de medir y caracterizar a la pobreza se empieza a usar en la mayoría de los países de Latinoamérica, y en la Argentina también, con las políticas neoliberales de la década de los 90, justamente cuando empezó a resultar difícil describir la situación de la población que podía tener satisfechas sus contar “necesidades básicas” (como vivienda en buenas condiciones, infraestructura barrial, un adulto activo aportando ingresos al hogar, acceso a educación y salud -aunque en progresivo deterioro- pero sin los ingresos suficientes para satisfacer las demás condiciones de vida de su familia).

Hoy seguimos midiendo la pobreza en términos de ingreso, como si la pobreza se refiriera estrictamente a poder o no poder sobrevivir, ocultando el derecho a vivir dignamente, tanto en términos materiales como simbólicos o culturales. Conceptos idealmente contradictorios, actualmente conviven, en tanto el discurso y la realidad no los contraponen: trabajo y pobreza pueden coincidir en una misma persona, cuando justamente aquél debiera marcar la diferencia sobre ésta.

El empleo, entendido de esta forma, termina siendo abordado en el marco de las políticas sociales y no como entendemos debe ser: parte esencial de las políticas económicas y laborales que hacen a la distribución de los ingresos en una sociedad.

La herramienta de distribución por excelencia es el salario, y el Salario Mínimo Vital en los términos que ya explicamos y justa distribución de la riqueza eran, y deben seguir siendo, conceptos inseparables. Sin embargo, poner el eje en la pobreza e indigencia implica sólo plantearse la supervivencia física, sin ninguna relación con la justicia distributiva ni con la finalidad social que el concepto de salario justo persigue.

Eso redunda, indefectiblemente, en la carencia de educación de los hijos de los trabajadores, en un círculo vicioso que termina en la marginalidad y, muchas veces, en la delincuencia.

El Consejo del Salario como institución que fija el SMVM se plantea como gran ambición tratar de alcanzar ese límite estadístico, y no ya el que establece su definición, definida en función de las necesidades (y no sólo las básicas) del trabajador y su familia.

Si el Salario Mínimo en la Argentina de hoy debería alcanzar $ 5.000 para garantizar la cobertura de las necesidades que antes mencionamos, eso implica que al fijarse en menos de su mitad ($ 2.300), el trabajador no puede garantizar la mitad de esas cuestiones. Entre ellas, indudablemente, la educación de los hijos, que además muchas veces tienen que trabajar para colaborar con los padres.

De ese camino de ida sólo se vuelve, como dijimos antes, con políticas universales. Una de ellas, indudablemente, es la que apunte al pleno empleo con salarios dignos.

En los últimos años se ha producido la virtual licuación del Seguro de Desempleo, que todavía permanece congelado en la suma de $ 400 por mes. Una situación similar puede llegar a experimentarse en los planes de cooperativas de trabajo conocidos como “Argentina Trabaja”. Además, la reciente actualización del monto de la Asignación por Hijo y de los topes para persibir las Asignaciones Familiares también ha sido manifiestamente insuficiente.

Sobre una población económicamente activa de 16,2 millones de personas, el 50% (8,1 millones) se encuentran en una situación de precarización laboral, ya sea por encontrarse desempleadas (1,3 millones), con formas precarias de contratación (1,2 millones), no registradas (4 millones), o realizando tareas de subsistencia por cuentapropia (1,6 millones).

El perfil productivo, según el modelo de desarrollo económico que defina un país marcará las pautas de una demanda de empleo, que puede ser regresivo, restrictivo, vinculado a actividades sin valor agregado y sin calificación de las capacidades de trabajo, o bien un productivo, de permanente calificación y con posibilidades de recalificación periódica en el ámbito laboral que se traduzca con un mayor ingreso y desarrollo de capacidades autónomas de los trabajadores, y no solo con una polifuncionalidad devaluada requerida por el empleador.

Lamentablemente, al mundo lo siguen dirigiendo banqueros, usureros y burócratas internacionales, que en nada piensan más allá de perpetuar sus ganancias; a costa de sumir a tres cuartas partes de la población mundial en la más absoluta pobreza.

Se requiere por lo tanto políticas de Estado firmes, y pueblos que luchen por su dignidad.